El pasado domingo 7 de junio millones de mexicanos votamos en condiciones desventajosas debido a que el Tribunal Electoral Federal incumplió con la obligación de cancelar el registro del Partido Verde por su insólito gasto en propaganda, misma que ejerció incluso el día de la elección, con "tuits" pagados a influyentes personajes de los medios de comunicación.
La desatención del Tribunal a la exigencia de más de 130 mil ciudadanos en la plataforma de Change.org provocó abstencionismo de más del 50 por ciento del padrón electoral y un dudoso triunfo de la Coalición PRI-PVEM en dos delegaciones del Distrito Federal aledañas al Estado de México, donde pudo ocurrir acarreo de votantes.
El caso es particularmente grave para la Delegación Cuajimalpa en donde el candidato a delegado Adrián Rubalcaba se confesó subordinado de Raúl Salinas de Gortari, a quien le manejó su automóvil en público.
Raúl Salinas ha sido procesado por la Procuraduría General de la República por falsificación de documentos, cuentas en Suiza le han sido devueltas y ha sido ligado a delitos que no fueron aclarados, como los asesinatos de los hermanos Ruiz Massieu.
Su control en Cuajimalpa convierte a esta en delegación ideal para evasores de la ley e integrantes de cárteles, aumentando los riesgos de inseguridad para la Ciudad de México.
Más allá de especulaciones, hay evidencias suficientes para anular los votos emitidos en favor del Partido Verde, no sólo en Cuajimalpa sino en todo el país. Si el Tribunal Electoral y el resto de los partidos no advierte el peligro y no procede en consecuencia, los ciudadanos al menos tenemos el derecho de sancionarlo expresando nuestra incredulidad sobre su eficacia.
Si en México el máximo tribunal electoral no tiene la confianza de los mexicanos, la instancia superior sería presumiblemente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la cual pediremos por el momento mantenerse atenta a esta demanda en la que está en juego la democracia en México.
